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Manifiesto del Grupo

Manifiesto Democracia Activa

Las personas nacen libres y su soberanía reside en ellas. No obstante, también viven en sociedad, con el propósito de tener una mejor calidad de vida en comparación con la que tendrían viviendo aisladamente.  Junto a este interés común, todos quienes conforman la sociedad suelen tener un interés particular, para obtener la mayor porción posible de los beneficios derivados de dicha cooperación. De aquí surge gran parte de los problemas sociales respecto a la distribución, donde parece no haber acuerdo completo acerca del criterio que debiera establecer la forma justa en que deben dividirse tales ventajas.

Es razonable sostener que la distribución de las ventajas de vivir en sociedad debe suponer un criterio mínimo de reciprocidad. Es decir, que todo aquel que cumple con las reglas, asumiendo las cargas e inevitables restricciones de la libertad humana que implica la vida en sociedad, tiene derecho a obtener una parte de los beneficios que se generan en ella, en base a un criterio público y de aceptación general. En otros términos, una sociedad que pretende incluir la idea de reciprocidad reconoce, al menos en un sentido mínimo, que debe existir algún grado de igualdad efectiva entre los ciudadanos. Es decir, el concepto de  reciprocidad incuba automáticamente la idea de legitimidad: lo único que justifica y da legitimidad a un sistema es el acuerdo de sus miembros, en virtud de su derecho a autogobernarse, para establecer un criterio de distribución de las ventajas sociales que beneficie a todos, más allá de lo que diga efectivamente la ley, y más allá de los mecanismos particulares que se elijan para ejercer la soberanía que da vida al pacto social. Los representantes podrán ser escogidos legalmente, pero si el sistema no es legítimo el funcionamiento no lo será, y más aún, si el sistema específico para elegirlos es legítimo, pero no existe una participación activa de la ciudadanía que dé respaldo al acuerdo social, tampoco habrá legitimidad. Finalmente, si los representantes son elegidos en base a mecanismos legales y legítimos, pero éstos no rinden cuenta a la ciudadanía ni atienden a lo que la sociedad civil les pide, sus decisiones tampoco serán legítimas, y por tanto tampoco el sistema. Alguien podría ver en esto una mera arbitrariedad de la voluntad general: que si la mayoría quiere aplastar, o tomar decisiones irresponsables y con consecuencias nefastas para el país, basta con la mera participación y el acuerdo para hacerlo. Sin embargo, en este punto se debe aclarar que son dos las limitantes a la voluntad general: primero, los derechos fundamentales, que impiden que las personas sean menoscabadas por la voluntad general; segundo, la estabilidad de largo plazo que deben buscar los gobernantes, pues si ellos tomaran decisiones contra el propio país, avalados por la voluntad general, a la larga serán responsables de las consecuencias, y podrían ser juzgados por eso. En tales casos, quienes administran la voluntad general podrán, y deberán negarse a medidas de ese tipo.

Este planteamiento contrasta fuertemente con la realidad chilena. En efecto, las personas más desposeídas no tienen acceso a casi ningún beneficio derivado de la cooperación social (es más, ni siquiera tienen poder o voz para plantear exitosamente sus demandas) y probablemente algunas de ellas viven peor que lo que vivirían sin formar parte de una sociedad. Las clases medias se encuentran manifiestamente disconformes por las enormes desigualdades que se presentan, por ejemplo, en la calidad de la salud y la educación que reciben ellos en comparación con la de los grupos más acomodados, cuestionando así la forma en que se dividen los beneficios de la cooperación social. Incluso las personas con más ingreso y riqueza perciben el pago de impuestos como un hecho inevitable (y lamentable), del cual afirman no reciben directamente casi ningún beneficio (quizás con razón). En definitiva, problemas que tenemos en Chile como la mala distribución del ingreso, la desigual concentración de poder entre quienes no detentan cargos públicos, los altos índices de delincuencia, la desigual calidad en la educación y la salud que reciben los distintos grupos socioeconómicos y la ineficiencia en el uso de los recursos fiscales, son sólo síntomas de que no existe un criterio o acuerdo general que oriente las reformas hacia una sociedad más justa.

Por otro lado,  desde hace algún tiempo parece haber confusiones acerca del rol que debe tener el conocimiento técnico, es decir, aquel derivado de las ciencias empíricas y de las disciplinas formales, en especial de la economía, cuando es presentada como tal en la construcción de propuestas políticas, asumiendo que dichas ciencias, por su prestigio, deberían tener un lugar preponderante en dicha tarea. Por su propia naturaleza enfocada en los instrumentos, la técnica cumple, por definición, el rol de determinar el medio más idóneo para alcanzar un fin determinado, lo que supone haber respondido previamente la pregunta acerca de cuál es el fin o los fines deseables de perseguir. Por ende, la técnica por sí sola es insuficiente, pero necesaria. En este sentido, un primer paso para configurar un proyecto político, sea partido, think-tank o lo que sea, deberá ser trazar la línea que delimita el ámbito político ideológico del técnico, que muchas veces parece delgada. En este sentido, la tarea de la política será la de decidir los fines deseables a perseguirse, lo que incluye una amplia gama de ideales, desde qué concepto de persona se desea, la labor formativa de la educación, el rol de la cooperación (al principio solo se definió de forma genérica), y muchas otras más; en suma, el concepto de país que se desea.

Siendo así, ¿qué papel le cabe a la técnica? Complementario a los fines definidos por la política, el conocimiento técnico debe encargarse primero, de determinar los medios para alcanzar esos fines, tomando en cuenta variables como la conducta de las personas y sus incentivos, la modelación matemática, el análisis costo beneficio, etc. Este papel de la técnica es más común e imaginable, porque suele ser el que se observa a la hora de evaluar proyectos o decidir temas de gestión. Pero complementaria a esta función, la técnica debe jugar un segundo rol, ayudando a la formación de los fines políticos, o al menos guiando el proceso. Para ello es indispensable entender que cuando se defiende un programa político, existen múltiples fines y valores dignos de ser seguidos, pero muchas veces incompatibles entre sí, o incluso contradictorios. Así, el conocimiento técnico nos ayuda a determinar la existencia y el grado de tales incompatibilidades, proporcionándonos una orientación o una respuesta respecto de cuáles fines debiéramos preferir, o al menos aclarando cuál es el costo de preferir un fin sobre otro. Sin embargo, este papel de la técnica solo aplicará para el caso de las desavenencias de fines y valores, y no así al otro conjunto de diferencias inherentes al desenvolvimiento humano, propio de las sociedades modernas. En las sociedades pluralistas de la actualidad coexisten diversas formas de vida (religiones, etnias, doctrinas políticas o filosóficas) que desde un punto de vista sustantivo también son o pueden llegar a ser incompatibles. En una sociedad democrática, dicha diversidad de fines y valores, por un lado, y de formas de vida, por otro, debe reconocerse como el resultado del libre desarrollo de las personas, y por ende, como legítima y no como una anomalía a erradicarse, ya sea través de la vía técnica o de cualquier otra. A lo sumo, la técnica ayudará a esta convivencia. Desde esta perspectiva, los desacuerdos políticos y morales deben considerarse como inevitables, y sólo podemos regular la forma de resolverlos de una forma pacífica,  siempre y cuando  se respete el acuerdo mínimo alcanzado como sociedad.

En este contexto, parece necesario una elaboración teórica que incorpore los conceptos mencionados a la realidad política chilena 1) la idea de una sociedad como un sistema de cooperación social que incluya la idea de reciprocidad, en virtud de la cual todos los miembros de la sociedad obtengan beneficios de la cooperación social, y además, lo hagan en base un criterio que surja de un acuerdo amplio entre las distintas personas que componen la sociedad, 2) que aclare específicamente la relación entre la técnica y la política y sus respectivos ámbitos de aplicación y 3) que reconozca la existencia de diversidad de valores y formas de vida como algo valioso asumiendo que los desacuerdos morales y políticos, a un nivel general, son inevitables.

En el contexto nacional, bien pudiera pensarse que gran parte de las protestas ciudadanas son una respuesta a necesidades no satisfechas por largo tiempo y de las que al parecer el diseño institucional y político no está en condiciones de hacerse cargo. En efecto, una de las consecuencias institucionales producidas por  los múltiples obstáculos existentes a nivel legal y constitucional (sistema electoral binominal, altos quórum para determinados tipos de leyes, excesiva rigidez de la Carta Fundamental) es que tienden a generar la sensación de que no se realizan cambios de importancia que hagan más justa la sociedad en que vivimos y por ende, de que en un grado importante se vuelve irrelevante quiénes detentan el poder.

A ello debe sumarse que la ciudadanía muestra una fuerte tendencia a desconfiar de los políticos tradicionales, entre otras razones, por la falta de virtudes cívicas de éstos. La corrupción, el incumplimiento de promesas, los conflictos de interés, el nepotismo y el ánimo de perpetuarse en el poder, se van convirtiendo en prácticas habituales, lo que se ha traducido en que los partidos políticos han dejado de convertirse en el medio a través del cual la ciudadanía canaliza sus demandas. Es más, los recientes acontecimientos parecen mostrar que la ciudadanía sí quiere participar en política, pero considera que los partidos existentes no son el medio idóneo para ello.

En definitiva, se presenta en Chile un escenario de crisis política e institucional, de donde surge la necesidad de un nuevo contrato social, en que las instituciones legales, sociales y económicas se orienten hacia una distribución justa de los beneficios derivados de la cooperación social, y asimismo la necesidad imperiosa de cambiar la forma de hacer política en Chile.

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 Democracia Activa surge como una respuesta de un grupo de profesionales y egresados de distintas carreras y de diversas tendencias políticas, a la crisis de la política en Chile a nivel general (y también de la política universitaria, a nivel particular) y además, a partir de un diagnóstico crítico a la forma de hacer política en nuestro país.

A través del debate racional, informado y con rigor argumentativo, se pretende contribuir a la construcción de un país más justo a través de la elaboración de políticas públicas orientadas a materializar la idea de una sociedad como un sistema equitativo de cooperación. Las áreas de enfoque inicial serán:

- Educación: Definiendo al correcto ser que debe engendrar el sistema, respetando a la vez la libertad de enseñanza, y buscando a al vez la manera técnica más eficiente de lograrlo.

- Cultura.  Acercando  actividades artísticas de calidad (obras de teatro, música docta) a sectores medios y bajos.

- Ética Pública: Estableciendo pautas de comportamiento deseables para las autoridades en el desempeño de sus cargos, y fuera de ellos cuando guarden relación con la función que desempeñan.

- Reformas Judiciales. Proponiendo un sistema de justicia eficiente y cuya calidad y resultados sean impermeables a las diferencias de riqueza y poder de las partes litigantes

- Esquema Tributario: Analizando los elementos que debiera reunir un sistema justo y eficiente, definiendo el conceptos de justicia planteado, y cuantificando las necesidades de reforma requeridas para los proyectos planteados.

Es una intuición compartida por los miembros del grupo que para que una sociedad sea justa es condición indispensable la existencia de una ciudadanía participativa, educada e informada, consciente de sus derechos y libertades y en particular del derecho a exigir la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Por dicha razón el grupo pretende también generar conciencia cívica y ayudar al ciudadano de a pie mediante charlas, clases,  artículos académicos e información útil a publicarse en nuestra página web.