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La democracia como máxima dispersión del poder.

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Édison Orellana Ramos

Abogado. Miembro Fundador de Democracia Activa

 

El poder consiste en los medios para obtener un bien futuro indiscutible. De ahí que su importancia radica más que en el poder en sí mismo, en los bienes que pueden obtenerse a través del poder: visibilidad, influencia, riquezas, cargos, conocimientos valiosos o útiles, placer, o incluso, felicidad. Es por esta razón que para la teoría democrática resulta esencial hacerse cargo del problema acerca de la forma de la distribución del poder.

Una idea fundamental que subyace a la democracia es el ideal de igualdad política cuya principal manifestación es la noción de Estado de Derecho, según la cual tanto gobernantes como gobernados deben someterse igualmente a la Constitución y las leyes. Así las cosas, para evitar que un gobernante o gobernado tenga la posibilidad de no someterse al ordenamiento jurídico vigente por tener un poder lo suficientemente grande para ello, la democracia aspira a que el poder se reparta en la mayor cantidad de partes posibles, con el objeto de que efectivamente todos los ciudadanos queden bajo el imperio de la ley.

En este contexto, una de las formas de describir y evaluar un régimen democrático consiste en determinar la forma en que se distribuye el poder dentro de él. Así, el ideal teórico es que el poder se distribuya en cuotas iguales entre todos los ciudadanos, llegando a una máxima dispersión. En otros términos, de acuerdo a este enfoque, la democracia como ideal supone tomarse en serio la igualdad política. Sin embargo, en los hechos, en muchos regímenes indiscutiblemente democráticos existen personas que tienen mucho poder, y también (muchas) personas que no tienen poder alguno.

La concepción de la democracia como máxima dispersión del poder es incompatible con cualquier forma de concentración del poder, como asimismo con la ausencia de poder. Es decir, cada ciudadano debe tener (aunque sea un poco de) poder. En consecuencia, la existencia de una gran desigualdad en el ingreso (por la desigualdad en el poder que implica), o de un poder sin contrapeso por parte de algún órgano del Estado (como el Gobierno o el Congreso) son irreconciliables con la idea de una genuina democracia.

En el Chile actual, de los dos problemas mencionados tiene mucha más notoriedad el problema de la distribución del ingreso.  Efectivamente, una de las consecuencias de dicho problema es que los grupos que menos riqueza tienen son invisibles: como no tienen poder alguno, no tienen voz, aunque tengan derecho a voto, lo cual por lo demás se ve reforzado con un sistema electoral parlamentario que no es representativo de la voluntad de la mayoría. Sin embargo, el problema de la concentración del poder político en un órgano estatal determinado, en particular en el poder legislativo, es el antiguo y clásico problema de la tiranía de la mayoría, que podría tener vigencia nuevamente a raíz del proceso de creación de una nueva Constitución, dada la evidente necesidad de eliminar los quórum supramayoritarios de las leyes orgánicas constitucionales. Esto supone tener a la vista que aunque el poder legislativo pueda volver a representar efectivamente la voluntad ciudadana, ello no puede implicar que tenga una excesiva concentración de poder que le permita actuar sin ningún control o contrapeso, ya sea por la ciudadanía o por otros órganos del Estado.

Además, en el escenario de un nuevo proceso constituyente, parece más importante que nunca establecer un diseño institucional que disperse el poder lo más posible (por ejemplo, quitándole poder al Presidente de la República y al Tribunal Constitucional y entregándoselo al Congreso), por un lado, y que se le entregue poder a quienes no lo tienen, a través de políticas tributarias y educativas que entreguen a los ciudadanos la cuota de poder que les corresponde en una democracia genuina.

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